Sanciones Ley 2/2023: guía completa

Régimen sancionador de la Ley 2/2023 (arts. 63–71)

La Ley 2/2023 establece un régimen sancionador administrativo aplicable a las organizaciones que incumplan sus obligaciones. La autoridad competente para instruir y resolver los expedientes sancionadores es la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), sin perjuicio de las competencias autonómicas en sus ámbitos.

Las infracciones se clasifican en tres niveles: muy graves, graves y leves. El importe de las sanciones varía en función de la gravedad, el tamaño de la empresa, la intencionalidad y el beneficio obtenido del incumplimiento.

Infracciones muy graves

Constituyen infracciones muy graves (art. 63), entre otras:

• No disponer de sistema interno de información cuando exista obligación legal.
• Adoptar represalias contra el informante (despido, sanción disciplinaria, degradación, denegación de ascenso, discriminación, acoso).
• Revelar la identidad del informante sin su consentimiento, salvo que sea imprescindible para la acción penal.
• Obstaculizar o impedir la presentación de comunicaciones.
• Incumplir reiteradamente los plazos de tramitación.

Las infracciones muy graves prescriben a los 3 años.

Infracciones graves

Son infracciones graves (art. 64):

• No designar al Responsable del Sistema de Información Interna (RSII).
• No mantener el libro-registro conforme al art. 26.
• Incumplir el plazo de acuse de recibo (7 días) o de resolución (3 meses) en más de un expediente.
• No informar al informante sobre la existencia del canal externo de la AIPI.
• Tratar datos personales del informante con finalidades distintas a la investigación.
• No adoptar las medidas correctoras propuestas por la AIPI en un plazo razonable.

Las infracciones graves prescriben a los 2 años.

Infracciones leves

Son infracciones leves (art. 65) las que supongan incumplimientos formales o de procedimiento sin impacto directo sobre el informante: retrasos puntuales en plazos, deficiencias formales en el libro-registro, o no comunicar la designación del RSII a la plantilla.

Las infracciones leves prescriben a los 6 meses.

Importes de las sanciones

El art. 66 fija los importes máximos según la gravedad y el tipo de infractor:

Para las microempresas y pequeñas empresas (menos de 10 trabajadores o volumen de negocio inferior a 2 millones de euros), los importes máximos se reducen a la mitad. Las circunstancias atenuantes (reparación voluntaria del daño, colaboración con la AIPI, ausencia de antecedentes) pueden reducir la sanción significativamente.

¿Quién puede sancionar?

La AIPI es el órgano principal con competencia sancionadora a nivel estatal. Las Comunidades Autónomas pueden crear sus propias autoridades equivalentes con competencia sobre los organismos de su ámbito. En ausencia de autoridad autonómica, la AIPI asume la competencia.

El procedimiento sancionador se inicia de oficio (por denuncia al canal externo de la AIPI, por actuación inspectora o por información de otra Administración) o a instancia de parte (denuncia del propio informante que alega represalias). La resolución es recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cómo evitar las sanciones

Las tres medidas más eficaces para evitar el riesgo sancionador son:

• Tener el canal operativo. Es la obligación básica. Un canal inoperativo o meramente formal (buzón de email sin respuesta, sin investigación) no cumple la ley y puede ser sancionado igual que no tenerlo.
• Designar formalmente al RSII y comunicarlo a la plantilla por escrito.
• Cumplir los plazos de tramitación y mantener el libro-registro actualizado. El incumplimiento reiterado de plazos es infracción grave de forma autónoma.

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